Según el último informe de Demoscopia encargado por la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT, los jubilados españoles han perdido un 28 por ciento de poder de compra en cuatro años y nada menos que un 7,4% a lo largo de 2003. Y conste que hablamos de poder adquisitivo real a pesar que la actualización de las pensiones se lleva a cabo anualmente de forma automática según la inflación.
El hecho es que a los casi ocho millones de jubilados de este país les sale hoy mucho más caro el comer, vestirse o medicarse, independientemente de las compensaciones que el Gobierno ha establecido en el cálculo del IPC con las rebajas correspondientes en materia de transporte, telefonía y ocio.
La astucia de las reformas fiscales, y los teóricos beneficios que supuestamente conllevarían, han dejado de lado a cuatro millones de pensionistas que, efectivamente, no tienen que hacer declaración de la renta pero que sin embargo sufren el aumento de los impuestos indirectos.
De manera paulatina se ha ido reduciendo el poder adquisitivo de los jubilados. Ya no basta subir las pensiones conforme a la inflación, como se hace en cumplimiento de una ley de 1995.
Iniciada la campaña electoral cabe esperar de los partidos propuestas imaginativas y decididas para sacar a amplios sectores de pensionistas de unos umbrales de supervivencia. Pero sin falsas promesas movidas por simple electoralismo y en busca del voto de los mayores. Quizá sea el momento de un nuevo pacto por las pensiones entre todos los partidos, que no sólo garantice la estabilidad financiera de la Seguridad Social sino también que profundice en el incremento de las pensiones de las personas más desfavorecidas.