Uno de los proyectos estrella del Gobierno de José María Aznar, la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE), está viviendo sus últimos estertores. El Consejo de Ministros ha certificado la defunción de sus aspectos más polémicos, aunque mantiene en vigor otros elementos.
Era el final previsible para una norma defendida únicamente por un Ejecutivo que gozaba de mayoría absoluta y que no dudó en enfrentarse a sindicatos, padres, alumnos y profesores, además de al resto de partidos políticos y varias comunidades autónomas con tal de sacarla adelante.
Hoy la actuación del nuevo Gobierno ha consistido más que nada en una intervención de urgencia para evitar males mayores, aunque no hay una alternativa clara. Si nos atenemos a lo que prometía el PSOE en su programa electoral, los aspectos más llamativos eran el refuerzo del inglés y la informatización de las aulas.
Pero educar es mucho más que poner ordenadores en clase y, desde luego, infinitamente más que conseguir que los españoles aprendamos inglés de una vez. Si miramos atrás comprenderemos que el nivel general de conocimientos ha ido disminuyendo peligrosamente hasta encontrarnos en la actualidad con adolescentes que apenas comprenden lo que leen.
De ahí que haya que exigir un verdadero ejercicio de responsabilidad y de negociación con todos los sectores implicados para alcanzar un consenso que permita hacer realidad un objetivo hoy incierto: que los jóvenes de nuestro país acaben sabiendo más que sus padres, en todos los sentidos. La clave, naturalmente, está en un plan educativo bien estudiado, sin prisas, que no se vea modificado o derogado cuando se produzca un cambio de Gobierno. En asuntos de este calado es imprescindible alcanzar un pacto de Estado.