El proceso de construcción autonómica en nuestro país se ha desarrollado con cierta lentitud -hace más de un cuarto de siglo que comenzó- y a trompicones, de forma que los resultados a veces no son lo que se esperaba, porque la realidad se impone a mayor velocidad con otras exigencias no previstas.
Ha ocurrido, pues, que conviven en el mismo plano instituciones estatales y autonómicas con una financiación más que confusa. Una situación que debería solucionarse de forma urgente. Es contradictorio que Balears reclame al Gobierno central más dinero para sanidad, educación, carreteras, trenes... y a la vez deba cubrir las carencias de la Administración central en asuntos de competencia estatal. Si TVE considera que debe aumentar sus horas de produccion propia en Balears o si los acuartelamientos de la Guardia Civil necesitan urgentes reformas, debe ser el Estado el que se haga cargo de estos gastos. Permitir que la Comunitat Autònoma acuda a solucionar los problemaa de falta de financiación de los organismos dependientes de Madrid coloca a la Administración del Estado en una situación realmenete poco airosa.
Ciertamente, no son cantidades muy importantes y, en el caso de las casas-cuartel de la Guardia Civil, es comprensible que el Govern sea sensible a la realidad de unas instalaciones que necesitan ser mejoradas, pero hay que insistir en que cada administracion pública haga frente a sus obligaciones. Es el Gobierno central quien debe velar, pues, por el buen funcionamiento de los servicios estatales, y es también el Gobierno central quien debe asegurar a las autonomías la financiación adecuada para que éstas puedan gestionar correctamente las competencias transferidas.