El proyecto que impulsa el Partido Popular para que Formentera cuente con su propio consell insular variará enormemente el peculiar equilibrio en que se sustenta la Comunitat Autònoma porque lleva aparejada la demanda de que Eivissa cuente con un diputado más para mantener la actual proporción. Balears se prepara para que el reparto de los votos parlamentarios en lo que se refiere al conjunto del archipiélago cambie para siempre hacia una nueva fórmula con todavía muchos blancos. La propuesta, de todas formas, ha surgido en un buen momento: se prepara la reforma del Estatut, que conlleva una tramitación ardua y e inmiscuye al Congreso de los Diputados, y se debe aprovechar para avanzar con botas de siete leguas hacia un modelo territorial más moderno y quizás audaz, en el que cada una de las islas tenga un mayor control de los aspectos que les incumben más que a nadie. El actual modelo, no lo olvidemos, se fraguó en los primeros años de la instauración de la Democracia en España, cuando las perspectivas estaban, necesariamente, cercenadas por el momento histórico en que se enclavaban: la salida de una dictadura de cuarenta años. Ahora, éstas son distintas, comenzando por el contexto globalizador que supone, entre otras cosas, la realidad europea y la cultura política que hemos alcanzado en todo este tiempo.
Está claro que Formentera no se siente cómoda con la actual situación de equilibrio respecto a Eivissa. Es una sensación que se tiene desde hace ya muchos años y a la que hay que dar salida. ¿Cómo? Este es el asunto a debatir en los próximos meses por las distintas fuerzas políticas, que parecen comprender que tal como estamos no nos podemos quedar para siempre. Hasta ahora, la profundización de la autonomía se ha basado casi exclusivamente en el traspaso de competencias. Ahora, por primera vez, se afronta un cambio estructural realmente significativo en el que el sentido común debe prevalecer.