El president del Govern, Jaume Matas, en el discurso que pronunció en Maó en el acto de entrega de las Medallas de la Comunitat y los Premis Ramon Llull, en el marco de la Diada de les Illes Balears, propuso que el nuevo Estatut, que debe surgir de un amplio consenso entre todas las formaciones políticas, incluya una cláusula de insularidad que regule la solidaridad del Estado con las Islas. Y, precisamente en esta línea, abogó por la creación de una agencia tributaria propia consorciada con la estatal.
De todos es conocido el hecho de que las aportaciones que realizamos desde Balears son superiores a lo que el Estado invierte en nuestra Comunitat. Y es de sobra conocido que, debido a la insularidad, los ciudadanos sufrimos mayores costos, precios más elevados y, por si ello no fuera suficiente, con el problema añadido de que viajar a cualquier otro punto del país o hacerlo entre las mismas Islas requiere del barco o el avión.
Por ello no resulta sorprendente la propuesta de Jaume Matas, sino al contrario. Se trata de una propuesta que podría significar una mejor financiación al realizarse la gestión de los tributos desde aquí mismo. No se trata en absoluto de ser insolidarios con las otras comunidades. Eso también lo dejó claro el president del Govern. Pero sí de gestionar los propios impuestos para hacer que el reparto sea más justo y que no suframos el eterno agravio comparativo con otros ciudadanos del Estado. Claro está que para aprobar esta reforma, de importante calado, es preciso contar, como anunció Matas, con un amplio consenso. Pero, además, debe tenerse en cuenta que la finalidad es la mejora de la atención, de los servicios e infraestructuras que van a utilizar los ciudadanos. De no hacerse de este modo, resultaría un terrible fracaso.