Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya habían dejado bien claro que no estarían dispuestas a subir los impuestos de eletricidad y gasolina para subsanar la financiación de la sanidad pública, algo que el Ejecutivo de Zapatero propuso, trasladando el peso de una impopular subida de impuestos a cada una de las comunidades.
Ayer los consejeros de Hacienda del PP plasmaron su negativa a la idílica solución de Zapatero en una alternativa sobre el gasto sanitario y su financiación, que presentaron en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebró por la tarde.
Los populares lo tienen claro: quieren que el Gobierno central aporte un mínimo de 1.800 millones de euros en dos años (casi el doble de lo que propone Zapatero) para restablecer el equilibrio inicial del sistema y no subir los impuestos, punto clave para todos los partidos.
Cualquier propuesta, venga de donde venga, que suponga dejar los impuestos como están (y ya son suficientes para los ciudadanos) siempre se verá con buenos ojos, aunque queda por saber y concretar de qué partidas sacará el Ejecutivo esos 1.800 millones de euros que propone el PP para subsanar las deficiencias sanitarias.
La propuesta del PP incorpora un punto en el que se destaca la importancia de tener en cuenta la población real de las comunidades, su edad y el hecho insular. De hecho, la sanidad pública balear ha acumulado un déficit sanitario desde 2001 por un incremento de población no contabilizado. El presidente balear, Jaume Matas, podrá presentar sus exigencias en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el sábado en el Senado. La reunión de ayer fue más técnica que decisiva.