Una vez más, las noticias más recientes sobre la balanza fiscal nos provocan un escalofrío y en esta ocasión, además de la bofetada inicial, lo que queda es un sentimiento de honda preocupación. Veamos. Si tradicionalmente Balears se ufanaba de ser la comunidad más rica de España y una de las más privilegiadas de Europa, por su calidad de vida y por el nivel de renta, ahora podemos guardar aquella jactancia en el baúl de los recuerdos. En los últimos años hemos pasado de liderar el nivel de renta disponible de los españoles a caer hasta el puesto número diez, quedándonos por debajo de la media nacional.
¿El culpable? Un modelo de financiación que nos exprime como a un limón para devolvernos luego únicamente unas gotas. Balears aporta el 15 por ciento de su Producto Interior Bruto a las arcas del Estado y este dinero, más de tres mil millones de euros, se distribuye entre el resto de las comunidades en lo que se conoce como «solidaridad interterritorial».
Lo mismo les ocurre a las llamadas «comunidades ricas»: Catalunya, Madrid, País Vasco, Valencia y la Rioja, que aportan más de lo que reciben, mientras el resto del país, hasta completar las diecisiete autonomías que quedan, reciben más de lo que pagan.
Queda claro que este diseño no es ni justo ni lógico, pues resulta incomprensible que una grandísima parte del país sobreviva a rebufo de una minoría. Especialmente si el nivel de vida de las comunidades que antes eran ricas se va deteriorando hasta el punto de lo ocurrido en Balears, que con su 15% supera con creces a lo que aportan Catalunya (9%), Madrid (10%) o Valencia (1'6%). Y mientras otras regiones reciben inversiones del Estado, a nosotros no nos queda más que el recurso a la pataleta por nuestro escaso peso poblacional y político.