Volvemos a figurar los ciudadanos de estas Islas en las estadísticas más penosas del Estado. Esta vez se trata, además, de un asunto serio y de primerísima importancia: las pensiones. La subida media de las pensiones en Balears ha sido del 5'3 por ciento, algo inferior a la media nacional, cuando sería necesario un incremento bastante más abultado para ir acercándonos a las pensiones que gozan en el resto del país.
El tema tiene miga, porque todos sabemos que, por regla general, los precios son aquí notablemente más altos que en la mayoría de provincias españolas, igual que los alquileres y la compra de la vivienda. De ahí que nuestros jubilados, nuestras viudas y las personas que sufren incapacidad laboral lo tengan todavía más difícil que los que viven en otras zonas de España.
Aquí la pensión de jubilación anda por los 614 euros mensuales, una cifra con la que se ven obligados a subsistir más de noventa mil baleares que, por norma general, además, mantienen a otras personas de su unidad familiar. La media española está en 687 euros.
Las viudas (y viudos con derecho a cobrarla) se quedan con 408 euros (en España la media es de 454 euros), lo que resulta, francamente, sangrante.
Todo ello nos devuelve a la dramática realidad de que aquí seguimos siendo diferentes. Diferentes en el mal sentido. Porque la discriminación es tangible. Un jubilado del País Vasco cobra, de media, 770 euros. Una diferencia demasiado grande para poder justificarla con excusas. Porque nuestros pensionistas no son ni menos ni más que los de cualquier otra región y es tarea de nuestras autoridades garantizar que así sea. La dignidad de la vida de muchas personas depende de ello.