El pleno del Congreso de los Diputados acaba de aprobar, de forma un tanto alborotada (con el voto en contra de PP e IU y la abstención de PNV, Coalición Canaria y Nafarroa Bai), la convalidación del Decreto Ley sobre Patrimonio Sindical, que permitirá al sindicato UGT -afín al Gobierno y al PSOE- recuperar los bienes que en su día poseyó y que le fueron arrebatados durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. Antes de entrar en debates de otra índole, hay que reconocer que con este gesto se cumple, en parte, una vieja aspiración sindical y se hace justicia.
Pero, una vez más, no es oro todo lo que reluce. De ahí que buena parte de los diputados sentados en el Congreso votaran en contra de esta decisión, por unos motivos u otros. Y es que ahora que han pasado treinta años desde la muerte del dictador, ahora que nuestra democracia está bien asentada y que un tercio de los españoles sólo ha conocido la libertad, es momento de sentarse con seriedad, con frialdad, para mirar atrás sin ira y tratar de reconstruir lo que la fuerza de las armas y del odio destruyó hace casi setenta años.
Por eso parece precipitada la medida llevada a cabo ahora, básicamente porque deja de lado a otras organizaciones, sindicales y políticas, que también perdieron fortunas en el desastre del 36, aunque desde el Gobierno se ha prometido seguir trabajando en ese sentido. Esperemos que así sea. Otros han querido ver en la decisión de devolver a UGT el patrimonio perdido una maniobra política desde el Gobierno para ayudar a «limpiar» la maltrecha economía del sindicato, que acumula deudas millonarias -debe 150 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial tras el fiasco de la constructora PSV- que ahora podrá saldar al recibir de las arcas del Estado 151 millones.