Aunque con carácter algo lejano se han fijado ya fechas para que representantes de Estados Unidos comparezcan ante instancias de la ONU para responder de las acusaciones de torturas cometidas en Afganistán, Irak y Guantánamo. En mayo próximo, el Comité contra la Tortura de la ONU -presidido por el español Fernando Mariño Menéndez- deliberará sobre las posibles responsabilidades en las que habrían incurrido al respecto las autoridades norteamericanas, abriendo así el camino para la posterior acción del Comité de Derechos Humanos que ha convocado para el mes de julio de 2006 la audiencia pública a la que deberán comparecer los representantes designados por Washington.
Los altos funcionarios norteamericanos se verán obligados a informar acerca de la situación de los arrestados, incluyendo fecha de captura, inculpación, etapa en la que se halla el procesamiento, o razones por las que se les encierra en establecimientos secretos. Aspectos todo ellos sobre los que el Gobierno norteamericano ha mantenido un silencio que permite suponer la existencia de irregularidades, cuando no de culpabilidad.
No es preciso recurrir a un gran escepticismo para aventurar que desde Washington se van a buscar todos los posibles subterfugios legales a fin de evitar la comparecencia, lo que por cierto determinaría que aumentaran las sospechas ya existentes sobre presuntas torturas y arbitrariedades cometidas sobre los presos. Sea como fuere, la comunidad internacional debe aumentar su presión sobre unas autoridades estadounidenses que hasta hoy se han refugiado en un argumento objetivamente tan inadmisible como el de que no tienen por qué cumplir fuera de sus fronteras las convenciones firmadas en la ONU.