Loable la iniciativa del ministro de Interior, José Antonio Alonso, de comprometerse a controlar la venta de drogas en los alrededores de los centros escolares, una actividad que en algún momento todos hemos podido contemplar mientras la presencia policial brillaba por su ausencia. Se trata, en general, de narcotráfico a muy pequeña escala, pero que tiene el tremendo efecto secundario de introducir a algunos jóvenes en un mundillo que, en su euforia adolescente, les resulta excitante y muy atractivo.
Ya era hora de que las autoridades, desde las más altas del Estado -en el Ministerio- hasta las municipales -pues las policías locales también participarán en este operativo- se pongan en marcha para tratar de frenar una situación que puede desembocar en auténticos dramas personales y familiares, por no hablar de su nefasto efecto en la sociedad.
A partir de la próxima semana más de tres mil agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil -apoyados por efectivos de las policías locales- se dispersarán de forma discreta en los aledaños de los centros educativos más sensibles a estas actividades para trazar una vigilancia que, a buen seguro, dará sus frutos.
Es de esperar que el pequeño tráfico de drogas que trata de captar nuevos «clientes» entre los chavales que van al instituto se traslade a zonas de ocio, pero ahí también estará presente el plan del Ministerio, de forma que la actuación policial se lleve a cabo de forma integral. Tengamos en cuenta que nuestros jóvenes se inician ya en el mundo de los estupefacientes a los 14 años, lo que justifica una acción firme, prolongada y, desde luego, que aplique toda la dureza de la ley -quizá habría que endurecerla más- también para los pequeños narcotraficantes.