Después de aquellas semanas turbulentas en que jóvenes de las barriadas obreras de casi todas las ciudades de Francia se levantaron en una revuelta inesperada, ahora son los estudiantes y la izquierda quienes tienen al Gobierno contra las cuerdas por el contrato «basura» recién creado. Siempre se ha destacado la juventud francesa por el espíritu de lucha y de justicia de que ha hecho gala y basta para ello recordar aquel mayo del 68 que todavía hoy es referencia obligada cuando se habla de revoluciones juveniles.
Pero, ay, la sociedad moderna avanza a ritmos pasmosos y de aquehippismo sesentero poco o nada queda, asfixiado el movimiento por esa globalización que se lo va tragando todo y que parece obligarnos no a defender los derechos laborales y sociales adquiridos durante décadas, sino a situarnos a la altura de los países emergentes que prácticamente esclavizan a sus trabajadores para competir en precios y en productividad.
Así las cosas, el contrato juvenil que establece un período de prácticas de dos años y el despido libre es para el Gobierno galo una forma de luchar contra el desempleo entre la población joven, y para la oposición, un nuevo modelo de explotación laboral legal. A la hora de la verdad, seguramente es ambas cosas. Porque los empresarios no dudarán en acogerse al nuevo contrato para conseguir empleados baratos y sumisos, con lo que, en efecto, bajará el paro, pero el método es, sencillamente, indefendible. Y las tímidas reformas anunciadas para calmar la revuelta no parecen arreglar demasiado las cosas. En un país puntero como es Francia, los trabajadores exigen sus derechos, y los políticos, si quieren seguir dirigiendo una nación modélica en muchos aspectos, deberían hacer lo mismo.