Después de que la reforma del Estatut de Catalunya saliera adelante con ciertas operaciones de maquillaje, ahora le toca el turno a Andalucía, que anda metida en grandes maniobras para aprobar un proyecto de reforma del Estatuto que, de momento, no tiene demasiado contentos a los líderes de la oposición. En la comunidad más grande y poblada de nuestro país gobierna el socialismo desde hace lustros y la reforma actual va de la mano de un partido, el PSOE, que ha sabido pactar con Izquierda Unida pero se siente incapaz de hacerlo con el Partido Popular y con los del Partido Andalucista, que representan el cuarenta por ciento de los escaños parlamentarios, o sea, a muchísimos ciudadanos.
Pero en esto, como viene ocurriendo últimamente en el resto del país, el enfrentamiento es de carácter virtual. Porque el caballo de batalla de unos y de otros es la dichosa definición de la comunidad en el preámbulo del texto. Los socialistas optan por el confuso término «realidad nacional», mientras los 'populares' se llevan las manos a la cabeza y exigen añadir algo así como «en la indisoluble unidad de España».
Lo cierto es que esa definición tiene poquísima importancia, o relativa cuando menos, si la comparamos con los problemas reales, tangibles, que padece históricamente esta comunidad, de la que ha tenido que emigrar una buena parte de la población por motivos económicos. Andalucía es enorme y todavía no ha sido capaz de encontrar solución a ese atraso secular que padece. Por ello el delicado asunto de la financiación autonómica sigue siendo equid de esta cuestión, muy por delante de temas menores, sentimentales o políticos, como la definición del grado de «nacionalidad» o no de Andalucía.