La confusa historia del «caso Bono» comenzó el 22 de enero del año pasado, cuando el entonces ministro de Defensa, José Bono, decidió acudir «a título personal» a una manifestación convocada por las víctimas del terrorismo y apoyada por el Partido Popular. Lo que no esperaba Bono era encontrarse con una actitud más que hostil por parte de algunos de los manifestantes, que convirtieron la movilización en un acto de protesta contra el Gobierno socialista. Millones de españoles vieron en televisión las imágenes que mostraban a algunos manifestantes increpando, insultando y zarandeando al entonces ministro, que llegó a temer por su propia integridad física.
Sin embargo, el tribunal no ha apreciado que hubiera agresión y condena a cinco años de prisión a los tres policías que detuvieron a dos militantes del PP que aparecen cerca de Bono en actitud vociferante en el vídeo.
Ciertamente se han dado irregularidades y el tribunal considera probado que se cometieron delitos de detención ilegal, coacciones y falsedad en documento público. Ya en el inicio de la investigación, el policía que instruyó el caso en un primer momento fue relevado por negarse a practicar las detenciones, lo que demuestra que hubo cosas que se hicieron mal. Pero sería absurdo pensar que la policía no tenía que haber investigado este caso. En consecuencia, era normal que llamase a declarar a unos sospechosos, que comparecieron voluntariamente y que en ningún momento fueron esposados o pasaron por el calabozo.
Parecen, pues, excesivas las penas, como apuntan los sindicatos policiales. Cabe aventurar que el Tribunal Supremo las reducirá sensiblemente. Y, en cuanto a la responsabilidad política, la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid es más que suficiente. Hace mal el PP en apuntar más alto y en hacer comparaciones totalmente fuera de lugar. Ni la policía española actúa como la Gestapo, ni estamos ante el hecho más grave de la democracia española.