La sentencia de la Audiencia Provincial en la que intervino como ponente el magistrado Carlos Gómez Martínez resulta muy ilustrativa. La intromisión en el derecho del honor de los personajes de relevancia pública no tiene otro límite que la esfera de la vida privada y familiar.
En principio podría parecer una gran noticia para la libertad de expresión, pero merece un análisis más detallado. Los magistrados son también personajes públicos que realizan una tarea muy delicada y de enorme trascendencia social. La confianza de los ciudadanos en el sistema que ellos representan resulta fundamental. Es legítimo preguntarse si ante expresiones como las que ha sido objeto el presidente-editor de Ultima Hora, mostrarían la misma comprensión o si, en cambio, las considerarían como un tropiezo grave para el ejercicio sosegado de su misión. Es legítimo preguntarse si, entonces, no requerirían más cuidado, más precisión y, sobre todo, la necesidad de probar los hechos que se insinúan. Ultima Hora, con todo el respeto por esta sentencia, considera que tendría que ser así en todos los casos, porque la opinión contraria llevada hasta los extremos puede llegar a convertir en irrespirable el ambiente mediático y en difícil la convivencia social. Hasta tal punto eso es así, que cualquier persona de relevancia social puede sentirse indefensa ante esa manera que tiene la Sala Tercera de entender la libertad de expresión. Con la ley a favor o con la ley en contra, aquí se piensa que los límites existen y están claramente determinados en cualquier código deontológico periodístico.
Es más, sabemos que los que hoy celebrarán la sentencia corren a presentar querellas y demandas cuando son ellos las víctimas del deporte que practican tan alegremente.
Texto editoral publicado conjuntamente en Diari de Balears y Ultima Hora