En el continente africano la mala administración, la corrupción y el desgobierno, forman ya parte de un panorama que nadie en Occidente parece dispuesto a remediar. Abandonar a inmensas poblaciones a su triste destino se diría que es ya una costumbre acrisolada por unos países del mundo rico tan contemporizadores como inexorablemente culpables de la miseria que se vive en el Sur del planeta. Tomemos el ejemplo de Kenia. Allí, se vive un año de los más duros de las últimas décadas, taraceado por unas graves sequías que han acabado con las cosechas y el ganado, dejando a millones de personas sumidas en la indigencia. Más de tres millones y medio de seres humanos padecen hoy una hambruna inimaginable en nuestras latitudes. La renta per cápita anual de los keniatas se sitúa en torno a los 363 euros. Pero, sorprendentemente, el sueldo base de los parlamentarios del país de Kenia, libre de impuestos, alcanza los 63.000 euros, amén de diversos complementos y beneficios que llegan a multiplicar por dos su salario neto. En pleno período de crisis humanitaria, los parlamentarios del país han aprobado cuadruplicar sus ingresos anuales, adobando todo ello con la garantía de sustanciosos seguros y planes de pensiones. ¿Quién sufraga semejante dispendio repartido a espaldas de un pueblo hambriento? Bueno, pues unos fondos norteamericanos que se admiten como «humanitaria» inversión en una nación que se desea considerar como aliada y amiga en los tiempos futuros.
No es preciso ser moralmente muy estricto para juzgar la decencia, o indecencia, de una política de Washington elaborada sin contar con las necesidades de una población inmersa en la pobreza que sufre la afrenta de contemplar a una clase política que a su vez vive en la abundancia.