Representantes de España y de la Unión Europea han entrado ya de nuevo en negociaciones sobre un tema viejo como es el de la reducción de las ayudas procedentes de los fondos europeos destinados al desarrollo rural prevista para el período 2007-2013. Dicha reducción viene determinada por el hecho de que actualmente los fondos se deben repartir entre los 25 Estados miembros y no como hasta ahora entre quince. Una medida que aunque comprensible hasta cierto punto no ha dejado de suscitar quejas, principalmente entre los países que se pueden ver más perjudicados como es el caso de España. La postura de nuestro Gobierno es clara, ya que partiendo de una exigencia mínima de 7.000 millones de euros se aspira a redondear la ayuda total a nuestro campo consiguiendo de Bruselas aportaciones extraordinarias, es decir, no previstas inicialmente en el Programa de Desarrollo Rural. Por su parte, el Gobierno español se ha comprometido a compensar con 1.000 millones de euros procedentes de los presupuestos del Estado la citada reducción. Se entiende bien la preocupación que hoy se vive en el mundo rural español ante la perspectiva de recibir un 23% de dinero europeo menos que el que llegó en el período 2000-2006. Y en este sentido es comprensible el que se esté instando al Gobierno a negociar con la misma dureza que lo hará el Ejecutivo comunitario en defensa de los intereses de un sector agroalimentario español que podría verse en serios apuros. Hay que pensar que son ahora mayoría los expertos que otorgan a la agricultura un papel esencial en el diseño de las economías del futuro, contrariamente a lo que ocurría tan sólo hace unas décadas. Proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida del medio rural, haciendo de él un sector dinámico, conforman en la actualidad unos objetivos que en modo alguno pueden considerarse secundarios.
Editorial
Luchar por las ayudas europeas