La financiación per cápita del Estado sitúa a Balears en la cola, con 1.505 euros por habitante, muy lejos de los 2.229 de La Rioja o los 2.179 de Cantabria. Es decir, los ciudadanos de Balears reciben por los distintos servicios de la Administración Central -inversiones, pensiones, servicios, desempleos- 310 euros menos que la media de las comunidades autónomas. Estos datos, correspondientes a la liquidación presupuestaria de ingresos y gastos del ejercicio 2003, ponen de relieve que Balears sigue siendo una comunidad que tiene un mínimo peso específico a nivel nacional. No es algo nuevo. Bien con el PP como con el PSOE, los niveles de inversión estatal en Balears siempre han sido los peores, los más bajos, y ni siquiera con la inversión directa se ha compensado esta situación. No ha habido ninguna mejora y la balanza fiscal de Balears presenta un saldo muy negativo, el peor en el ránking de las comunidades autónomas.
La reforma del Estatut es un buen momento para analizar esta situación. Tanto PP como PSOE son responsables de esta discriminación y deben ser ellos los que la tienen que resolver. No hay un motivo objetivo para que Balears no reciba mejores inversiones, sobre todo si se tiene en cuenta que las Islas resultan muy rentables al Estado por su alto nivel de recaudación fiscal. No es posible que por ser una comunidad rica -cada vez menos, por cierto- la financiación per cápita no se sitúe, al menos, en la media nacional. PP y PSOE tienen ahora una buena oportunidad para enmendar una discriminación histórica. Por eso, sería importante que se aprobase la cláusula de los 3.000 millones en inversiones extraordinarias durante unos años. No es suficiente y tampoco compensa la discriminación histórica, pero por algo se empieza.