Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea debaten hoy en Finlandia un tema tan espinoso como es la manera de hacer frente a la inmigración ilegal. No será la primera ni la última vez que se reúnan en torno a un problema en el que, tarde o temprano, deberían implicarse al cien por cien todos los Estados miembros.
La reunión de hoy debería haberse celebrado hace meses, antes de que Canarias se convirtiera en un polvorín sin que Europa haya puesto las medidas necesarias para atajar el problema a tiempo. La presidencia de la Unión Europea va a pedir una mayor solidaridad de los 25 Estados con los países que, como España, sufren la llegada masiva, y por el momento controlada, de inmigrantes.
El problema ha adquirido unas dimensiones tan extraordinarias que debería plantearse en término de urgencia, más que en términos de solidaridad. La presidencia de la UE ha añadido el comentario de que no hay soluciones ni milagrosas ni inmediatas al problema, afirmaciones que hacen prever un encuentro no excesivamente comprometido con la realidad social que vive y ha vivido España durante todo el verano.
A pesar de ese inicial escepticismo, los ministros tendrán sobre la mesa una importante propuesta, que pretende compartir el peso de este conflicto con otros países e intentar que la UE asuma una parte significativa de los costes que asumen países como España en el proceso de identificación de los ilegales.
Será un buen comienzo que los Estados miembros asuman como suyo un problema como la inmigración ilegal. Cómo solucionarlo, lamentablemente, llegará más tarde, aunque confiemos que no lo sea tanto como para no reducir o atajar el problema la próxima primavera.