El asunto de la reforma de la Constitución sigue en el aire cuando ya han transcurrido 28 años desde su aprobación en referéndum en los años de la Transición, los que nos han conducido a un período de notable prosperidad y de convivencia pacífica y a la consolidación de nuestro sistema democrático. Es cierto, sin embargo, que con el paso del tiempo la realidad ha cambiado sustancialmente y ello obliga a realizar determinadas modificaciones del texto de la Carta Magna. Uno de los asuntos que más urgencia revestía era el de la sucesión a la Corona, en el que se produce una discriminación de la mujer que no casa ni siquiera con el espíritu mismo del texto constitucional. El segundo embarazo de la princesa Letizia precipitó el debate sobre la conveniencia de la reforma. Ahora, con la confirmación, por parte del príncipe de Asturias, de que se trata de otra niña, es como si la urgencia se hubiera diluido.
Por otra parte, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, hasta hace poco remiso a los cambios, abogaba por una reforma constitucional que blindase algunas competencias del Estado, pero sin ir en detrimento de las ya transferidas a las comunidades autónomas y con el objetivo de garantizar la eficacia de la Administración, en especial, en situaciones de emergencia, algo que es difícil de compatibilizar.
Es cierto que el llamado «melón» de la reforma lo abrió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a raíz del nuevo Estatut catalán y de la necesidad de reflejar en la Carta Magna una nueva realidad más descentralizada.
Hoy, cuando celebramos el aniversario de aquel texto de la concordia, es un buen momento para reflexionar sobre los cambios que precisa, aunque para ello los dos partidos mayoritarios deberían abandonar sus posiciones electoralistas y actuar con una mayor amplitud de miras y con grandes dosis de diálogo y generosidad.