La dimisión del hasta ahora arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, ha abierto una crisis en el Consistorio cuyas consecuencias aún están por ver. Pero más allá de éstas, la decisión de la justicia y los cargos públicos debe ser la de llegar hasta el fondo de una situación que sitúa en entredicho la política urbanística en el municipio más extenso de Eivissa al haberse conocido, a través de un vídeo grabado con cámara oculta y presentado en una de las causas que se siguen contra él, que el arquitecto al parecer compaginaba la función pública con sus negocios privados en el mismo municipio, algo expresamente prohibido por la ley.
La justicia ya ha iniciado dos causas contra Huerta, por unas obras en Cala Molí y otras en Cala Carbó, en las que también ha sido imputada su nuera. Ahora le llega el turno al Consistorio, cuya obligación debería ser la de iniciar de inmediato una investigación para saber hasta qué punto son reales las imputaciones contra el que ha sido su arquitecto durante una década y para saber qué medidas tomar, en caso de que las acusaciones sean ciertas, para que algo así no vuelva a suceder.
Pero el camino que tomó ayer José Serra Escandell, alcalde de Sant Josep y aspirante a un nuevo mandato, supone un desvío efectivo de la obligación de cualquier estamento público, es decir, garantizar a los ciudadanos el perfecto funcionamiento de las instituciones que nos gobiernan. Alegar exclusivamente que el tema está en manos de la justicia para no iniciar una investigación interna (después de haber aceptado la renuncia de Huerta) sólo puede entenderse como una dejación de funciones obviando lo que debería ser evidente, ya que en un momento en el que las corruptelas urbanísticas están en boca de todos lo lógico sería apretar el ceño y llegar hasta el final, aunque uno se haya enterado del estropicio por la prensa.