La Ley de la Memoria Histórica superó ayer el primer trámite parlamentario al ser rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que consideraban el proyecto insuficiente, y el veto del Partido Popular (PP), que lo cree innecesario.
Se trata ciertamente de un asunto sensible, que requeriría de mayor consenso, puesto que se trata del reconocimiento de los sufrimientos padecidos por quienes defendieron la II República y fueron cruelmente represaliados durante y después de la cruenta Guerra Civil. Es absolutamente preciso recordar y homenajear a esas personas que lucharon por la libertad y que encontraron la cárcel, la tortura o la muerte.
No se trata de revisar lo acontecido en la Historia. Los hechos son los que son y para su investigación están los especialistas, no los políticos. Pero sí es competencia del Gobierno y de la clase política resarcir, en la medida de lo posible, a quienes, en el transcurso de la guerra o en los años posteriores, fueron cruelmente represaliados.
Por lo que se refiere a los juicios sumarísimos que mandaron al paredón a miles de españoles, habría que analizar qué posibilidades reales existen de proceder a su revisión para restaurar el buen nombre de personas que fueron condenadas sin atender los más mínimos derechos jurídicos ni los más elementales derechos humanos.
Hace mal el PP en adoptar una postura contraria, alentado por su sector más radical. Es cierto que en ambos bandos se cometieron crímenes, pero al vencer los golpistas, los que murieron estando de su parte sí obtuvieron un reconocimiento que nunca pudieron obtener los del bando republicano.
Aunque sea complejo y difícil, si de verdad queremos cerrar aquellas heridas, es necesario profundizar en esta ley, contando para ello con la más amplia base parlamentaria posible.