El president del Govern, Jaume Matas, anunció este fin de semana su voluntad de incluir en el programa del PP la cesión de tres competencias -cultura, servicios sociales y deportes- desde los consells hacia los ayuntamientos de las Islas. No es una propuesta nueva ya que todos los partidos han apostado por lo que se ha dado en llamar la tercera descentralización. Sería, además, una oferta interesante si no fuera por una serie de matices importantes que deben tenerse en cuenta.
El primero de ellos, ya apuntado desde las filas del PSOE, es el riesgo de crear municipios de primera y de segunda en un mismo territorio. ¿Qué posibilidades tendrán los ayuntamientos más pequeños para hacer frente al enorme gasto social que implica, por ejemplo, la construcción de una residencia? Ninguna. Y a municipios de segunda, ciudadanos de segunda. La descentralización de los servicios sociales en los ayuntamientos favorece la cercanía de la Administración con el administrado pero puede crear enormes diferencias entre los ciudadanos, que percibirán o no estos servicios en función de su residencia en municipios con posibilidades económicas. En este sentido, es positivo que los ayuntamientos se impliquen en la gestión de estos servicios, pero con el apoyo de una institución supramunicipal -¿por qué no deben seguir haciendo esta labor los Consells?-, que se encargue de evitar desigualdades y promueva políticas sociales sin distinción de fronteras municipales.
La propuesta del president tiene además otro enfoque crítico. Matas quiere comenzar la tercera descentralización cuando no ha hecho nada para desarrollar la segunda, esto es, la que va del Govern a los consells. El cumplimiento del Estatut ha sido escaso y, durante esta legislatura, la única competencia que habrán recibido las instituciones insulares es Joventut. Es peligroso iniciar un proceso sin haber meditado antes seriamente si todos los ayuntamientos están en condiciones de asumir esas competencias, pero además es políticamente criticable que el president proponga mantener un Govern fuerte, que no sólo no cede competencias a los consells sino que además se las quita.