La detención de dos empresarios como consecuencia de las investigaciones del 'caso Andratx' marca el inicio de una segunda fase que trasciende las iniciales consecuencias políticas del caso. Los investigadores apuntan a la posibilidad de que estos dos empresarios no sean los únicos en ser detenidos, ya que la operación sigue su curso, por lo que es lógica la preocupación entre el sector de la construcción de las Islas.
Los casos de corrupción urbanística o de otro tipo que existen en los ayuntamientos de Balears -acreditados ya en el caso de Andratx y bajo sospecha en otros municipios de la Comunitat- se producen porque hay un político corrupto, pero también porque hay empresarios que aceptan ser partícipes de esa corrupción. El problema, por tanto, va más allá de la política y así debe ser analizado.
Resulta injusto condenar a toda la clase política por casos concretos protagonizados por representantes públicos, como resulta del todo injusto condenar al empresariado de las Islas. La preocupación manifestada por una serie de empresarios vinculados a la construcción al conseller de Territori de Mallorca, Bartomeu Vincens, por la imagen que se puede trasladar a todo el empresariado balear es lógica. La actuación de algunos miembros del gremio ha puesto a todos sus componentes bajo sospecha, algo que no ayuda lo más mínimo a normalizar la vida política y económica balear. En casos tan sensibles como los que estamos viviendo, es preciso separar el grano de la paja y tanto las autoridades judiciales, como los políticos y medios de comunicación deben adoptar una actitud responsable para que los ciudadanos de las Islas no se lleven una impresión equivocada del asunto.
La corrupción política está, en la mayoría de los casos, indisolublemente unida a la corrupción empresarial. Y de ahí que acabar con ambos problemas sea una necesidad urgente en estos momentos.