El pleno del Senado aprobó ayer definitivamente en las Cortes Generales, sin ningún voto en contra, el nuevo Estatuto de Autonomía de Balears, cuarta reforma estatutaria aprobada en esta legislatura, tras los textos valenciano, catalán y andaluz.
Apoyada por un amplio consenso político, esta propuesta estatutaria se adapta a las peculiaridades de Balears y repercute en mejoras sustanciales, tanto en la financiación como en el aspecto competencial, que equiparan en cierta medida a las Islas con los derechos que ya disfrutaban otras comunidades autónomas.
La aprobación de este texto refuerza a las Islas en distintos aspectos. Entre ellos, en el apartado económico, donde se cuantifica la deuda histórica con una inversión adicional estatal por valor de 2.500 millones durante un período de siete años.
El Estatuto se adapta a los requisitos del Estado de las Autonomías, reconoce la insularidad y el concepto de «nacionalidad histórica». Además, contempla la creación del Consell de Formentera y de la Policía Autonómica, y las elecciones a los consells insulares en listas separadas de la lista al Parlament.
Balears ya tiene, pues, un instrumento político que le permitirá defender sus derechos y mejorar su gestión, un texto legal que defiende la realidad autonómica reclamada años atrás sin acuerdos previos y que, al contrario de lo que sucedió en Andalucía y Catalunya, no debe pasar por el trámite de un referéndum.
No cabe duda de que ayer Balears dio un paso importantísimo. Podría haberse avanzado más en algunas cuestiones como la financiación, pero es un buen Estatut. Cuando entre en vigor, previsiblemente el 1 de marzo, Dia de les Illes Balears, empezará una nueva etapa. Cabe esperar que la clase política sepa hacer un buen uso, valiente y decidido, de nuestra carta magna estatutaria en beneficio de estas islas y de sus ciudadanos.