El partido socialista, voz de mando en el gobierno municipal de Vila, se ha encontrado estas dos últimas semanas en una situación muy comprometida: ha visto ligado mediáticamente su nombre a los conceptos «comisiones», «corrupción» y, en algunos casos, «sobornos» a tenor de unas grabaciones difundidas por el diario El Mundo que ordenadas de determinada manera dan un panorama de mercadeo y malas artes que la justicia tardará, sin duda, más que los electores en resolver. No es, ni mucho menos, una situación nueva: el PP también ha soportado embates, algunos de muy dudosa legitimidad, en asuntos como la construcción de infraestructuras viarias, con argumentos muchas veces tan poco sólidos como viscerales, como la presunción de «intereses económicos creados» o «favoritismos» hacia determinados sectores que, sin ser probados, tienen una alta rentabilidad emocional y, por tanto, política. El sistema se ha girado, como si determinados sectores, en segundo plano, aprendieran unos de los otros para reproducir, como reacción, los mismos juegos y estrategias, sin tener en cuenta que, en el fondo, se está prostituyendo tanto el medio como el mensaje y alterando la posibilidad de que en algún momento la sociedad pueda confiar en sí misma, en sus distintos agentes. De momento, y salvo sorpresas, no hay en el caso de las comisiones evidencias aplastantes que determinen un unánime reconocimiento de la «corrupción». En un estado de derecho todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario; es decir, hasta que un juez dictamine una culpabilidad. Con casi total seguridad, en 1999, la izquierda ganó gracias al caso Formentera, que siendo muy llamativo mediáticamente ha acabado en nada en términos judiciales; ahora, la izquierda se puede encontrar con el eje invertido. Y en el maremágnum, lo evidente: cada uno creerá sólo aquello que le es afín. Es lo que tiene la falta de pruebas definitivas e incuestionables.
Editorial
Votos, ataques y cintas de audio