Periódicamente se alzan voces autorizadas exigiendo el abaratamiento de los despidos en nuestro país, alegando que esta medida dotaría de flexibilidad al mercado laboral y con ello ganaríamos todos. Bueno, como siempre que se habla de economía, es difícil que cualquier medida beneficie por igual a trabajadores y empresarios. Y ésta, particularmente, siempre ha topado con el rechazo frontal de los sindicatos, que defienden los derechos de quienes llevan años trabajando y se ven obligados a abandonar su puesto laboral. Tener que indemnizar a un empleado del que se prescinde resulta una carga para los empresarios, que se aferran a los contratos temporales para no arriesgarse a largo plazo. Pero abaratar el despido -o convertirlo en gratuito, como en los países de tradición liberal- no garantiza matemáticamente que vayamos a alcanzar cotas de empleo más altas -todavía tenemos dos millones de parados en España- ni, desde luego, el pleno empleo al que aspiramos todos.
¿Qué ocurriría con un despido más barato? Seguramente que los empresarios se frotarían las manos, quizá se prescindiría de los contratos temporales porque ¿qué más da, si echar a un trabajador resulta gratis total?, pero la calidad del empleo caería a cotas desconocidas, porque el trabajador no sabría nunca qué seguridad le asiste. Las consecuencias para la economía general serían impredecibles. ¿Quién podría hipotecarse para treinta años, contratar planes de pensiones, ahorros a largo plazo, compras con préstamo, etc., sabiendo que su trabajo pende de un hilo?
Esta vez quien lanza el globo sonda del despido barato es el Banco de España, una entidad que habrá calibrado al milímetro las consecuencias de semejante propuesta, seguramente con la intención de comprobar qué efecto provoca la idea en el conjunto de la sociedad.