as cuentas no les salen a los ayuntamientos españoles. Los responsables de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclaman con vehemencia una mejora sustancial de la financiación municipal -aprovechando la negociación abierta del Gobierno con las comunidades autónomas- hasta alcanzar los 7.000 millones de euros, una cifra que permitiría paliar los ahogos económicos que viven los consistorios. La situación también se extiende a Balears, donde se calcula que alrededor de un 27 por ciento de sus presupuestos se destinan a financiar inversiones y servicios que no son de su estricta competencia.
El problema es complejo, aunque a los responsables de los ayuntamientos, en especial los más pequeños, no les falta razón. El poder municipal es el más próximo al ciudadano y, en consecuencia, el más presionado por resolver los problemas que plantea. Seguridad ciudadana, tráfico, enseñanza, red viaria, prestaciones sociales, actividades lúdicas y culturales, zonas verdes,... el listado es interminable mientras los ayuntamientos se ven constreñidos por un marco fiscal dictado por otras administraciones y con un escaso margen de maniobra.
La cuestión estriba en redefinir el marco competencial de cada una de las administraciones -estatal, autonómica y local-, paso previo e imprescindible para poder atender de un modo riguroso las reclamaciones financieras de los ayuntamientos. Del mismo modo que también es preciso contener las ansias, por lo general con fines electoralistas, de ampliar de un modo innecesario los servicios que prestan los ayuntamientos, los cuales acaban convirtiéndose en una losa financiera. Hay que, por tanto, introducir elementos de responsabilidad y sentido común en la gestión de los recursos públicos.