La última manifestación la han protagonizado los payeses. El incremento en el precio del gasóleo les ha obligado a sacar a la calle los tractores para reclamar del Gobierno medidas que contribuyan a paliar los efectos de la subida del precio del combustible, antes lo hicieron los transportistas y los pescadores. Las luces de alarma se han encendido, la crisis ya está aquí. Un repaso al comportamiento de los principales sectores confirma una aceleración de los peores augurios con un desplome de la actividad en la construcción, una caída del consumo y, en paralelo, un aumento de los tipos de interés y de la inflación.
Resulta sorprendente comprobar que hace apenas unos meses, en las semanas previas a las pasadas elecciones generales del mes de marzo, desde el Gobierno se lanzaban mensajes tranquilizadores, admitiendo sólo unas posibles 'turbulencias' en la economía española y poco más. El crédito y la confianza de los ciudadanos se ha quebrado ante la evidencia de que la situación económica del país es más que preocupante y precisa, con urgencia, la adopción de medidas.
Conviene tener presente que España ha empeorado de un modo más grave y acelerado que la mayoría de los países de la Unión Europea, dato que pone en evidencia la debilidad del sistema basado en un crecimiento centrado en el mercado inmobiliario, cuyo estallido no ha dejado indemne a Balears tras la presentación del mayor expediente de suspensión de pagos de su historia por un importe global superior a los 600 millones de euros.
Hasta el momento, por parte del Gobierno, sólo puede hablarse de gestos -el último la reunión con empresarios y sindicatos- pero la gravedad de la situación obliga a tomar, ya, decisiones drásticas y con rapidez. No se puede seguir perdiendo el tiempo.