La polémica sobre la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía adquiere, de nuevo, protagonismo tras las declaraciones de la secretaria de Estado de Educación y Formación del Ministerio de Educación, Política Social y Deportes, Eva Almunia, en las que denunciaba la actitud de algunos dirigentes del Partido Popular en favor de la insumisión académica respecto al aprendizaje de esta materia.
Almunia se ha referido al hecho de que el no querer cursar Educación para la Ciudadanía significará el suspenso de la asignatura, circunstancia que unida a otro suspenso implicará que el alumno quedaría muy lastrado para pasar al curso siguiente. Cabe recordar que las enseñanzas de Educación para la Ciudadanía tienen un contenido ético y de derechos ciudadanos que se incorporó al currículo lectivo de la Enseñanza Secundaria que, el pasado año, siguieron alrededor de 200.000 alumnos españoles en diversas comunidades autónomas. En Balears comenzará a impartirse en este próximo curso en un total de 155 centros a los alumnos de segundo curso de la ESO.
Es un disparate, como bien apunta la secretaria de Estado, trasladar a las aulas la disputa política entre el PP y el Gobierno a cuenta de la Educación para la Ciudadanía. Sólo la insensatez de algunos políticos puede justificar la objeción académica "nadie ha presentado pruebas sólidas de conceptos inconvenientes en los libros de texto" que acaba provocando más fracaso escolar.
Cuestión distinta es reclamar una estabilización y homogeneización de los currículos escolares en el conjunto del Estado, hay que acabar con esta dinámica en la que cada nuevo gobierno introduce cambios, más o menos profundos, en el modelo educativo español; la apuesta más sólida de nuestro futuro como país.