La sentencia del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del referéndum soberanista convocado por el Gobierno vasco, fallo adoptado por unanimidad de todos los magistrados, ha provocado la airada respuesta del lehendakari Juan José Ibarretxe al reclamar, mediante una declaración institucional, la interposición de denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Estado español.
La reacción de Ibarretxe, cuya personalidad política desborda cualquier tipo de previsión, dice muy poco en favor del talante democrático. El presidente del Gobierno vasco se despacha el fallo judicial contrario a sus intereses argumentando que éste responde a la politización del Tribunal Constitucional, sin embargo no hace ninguna alusión a su clara posición fuera del marco de la Constitución española; tal y como se le advertía desde el primer instante en el que presentó la consulta. En lugar de acatar y aceptar el monumental error cometido presentando su dimisión, Ibarretxe contraataca encabezando la presentación de miles de denuncias en Estrasburgo las cuales, como ya vaticina la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tampoco parece que vayan a tener éxito.
Conviene tener muy presente que las reivindicaciones políticas de los sectores soberanistas en el País Vasco quedan deslegitimadas desde el mismo instante que cuentan con el aval de las pistolas, en un clima de violencia es imposible que se pueda sacar adelante el debate sobre este tipo de planteamientos. Al margen de las consideraciones jurídicas, este es el gravísimo e insuperable escollo que el lehendakari Ibarretxe se obstina en no querer ver. Ahora, de un modo incomprensible, vuelve a colocarse en otro callejón sin salida. Cabe preguntarse cuándo se romperá con esta dinámica.