El ex conseller Josep Juan Cardona ha negado cualquier implicación en la trama de corrupción del CDEIB y ha negado tener conocimiento del cobro de comisiones por parte de la ex gerente Antònia Ordinas y el ex director general Kurt Viaene. Está en su derecho y, además, hay que poner por delante la presunción de inocencia mientras no se prueben hechos incriminatorios.
Ahora bien, siendo el consorcio dependiente de la Conselleria d'Indústria, de la que era titular, es cuando menos sorprendente su ignorancia de todo este turbio asunto. Así como también el hecho de que asegurara que los nombres de Ordinas y Viaene le vinieron impuestos desde arriba sin siquiera citar al máximo responsable de la colocación en tan relevantes puestos de personas ahora en prisión e imputadas con indicios de comisión de delitos.
Llegados a este punto, preciso es señalar que es imprescindible dejar trabajar a la Justicia con independencia. Pero es un hecho que, dadas las dimensiones que está tomando todo esto, sería de esperar que se produjera la asunción de responsabilidades políticas y dimitieran de sus cargos quienes tuvieron alguna responsabilidad en organismos donde reinaba la corrupción.
Cardona no ha elegido esta vía y deja que sea el partido quien decida sobre su permanencia. Tal es el desconcierto que incluso un organismo como el comité de ética del mismo PP pide que Jaume Matas comparezca para dar explicaciones y Rosa Estaràs, presidenta de los populares, asegura que «no pondría la mano en el fuego por nadie». Y este maremágnum no es bueno ni para el PP, ni para el correcto funcionamiento de la democracia en Balears, que requiere, por encima de todo, limpieza, honradez y respeto a las leyes.