legó el momento de entrar en el Ayuntamiento de Sant Josep para aclarar uno de los asuntos concernientes al urbanismo más turbios de la historia de Eivissa y lo hace ya con indicios de que, por un lado, será un asunto sumamente complejo por la extensión alcanzada en los once años de labor de Antonio Huerta en el cargo de arquitecto de Sant Josep y, por otro, por el hecho de que retratará, y en cierta forma enjuiciará, un tipo de administración exageradamente vulnerable en la que cualquier exceso o enriquecimiento ilícito podía cometerse con total impunidad. Ayer, el juez instructor de la causa contra el arquitecto decretó el ingreso incondicional en prisión de éste, primera resolución de relevancia que indica, en principio, el nivel de gravedad del asunto a instruir. También continúan en la causa como implicados su hijo, su nuera y su propia esposa, lo que convierte lo que se presume como un oscuro y gigantesco asunto en algo aún más triste si al final se demuestra como real una trama delictiva en la que participaban todos los miembros de una misma familia y, lo que es peor, si aumenta el número de implicados. Porque en once años el número de posibles ramificaciones puede ser inmenso al ser Sant Josep un municipio extenso y muy atractivo tanto para promociones urbanísticas comerciales como para las familiares. Así, muchos son, o pueden ser, los relacionados con Huerta o su entramado profesional/familiar, por lo que en las próximas semanas el grado de atención pública hacia este caso será máximo. La lástima, una vez más, ha sido la situación judicial que hace que los sucesos se precipiten años después del primer conocimiento del caso por parte de la justicia. Es, al menos, un momento para dar ejemplo a la sociedad y advertirla de peligros que parecen no quedar nunca atrás.
El caso Huerta debe marcar una época