Apenas han transcurrido tres semanas de la detención del máximo responsable de la banda terrorista ETA, Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, y ya se ha cumplido la trágica reacción que venía augurando el responsable del Ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. La víctima ha sido el empresario Ignacio Uría, consejero de la empresa constructora Altuna y Uría, que trabaja en el obras del trazado ferroviario de alta velocidad de la llamada Y vasca y cuyas compañías participantes habían recibido amenazas por parte de la organización asesina.
El atentado de ayer no tiene otra explicación que la de ser una demostración de fuerza por parte de ETA, que responde matando, de la única forma que sabe hacerlo, a la detención de su máximo dirigente, Txeroki. Con la misma cobardía e impunidad con la que actuó contra dos guardias civiles en Capbreton, los terroristas dispararon contra Ignacio Uría, el cual acudía sin escolta a su cotidiana partida de cartas con sus amigos en un restaurante de la localidad guipuzcoana de Azpeitia.
Ha quedado demostrado que contra ETA no hay otra posibilidad que la de detener a sus integrantes y aplicarles la Ley. En esta estrategia, de la que el Gobierno ha tomado nota, se están logrando, gracias en buena medida a la inestimable colaboración de Francia, importantes éxitos que no pueden quedar empañados por un pistolero cobarde.
Es muy probable que el de ayer no sea el último asesinato de ETA en esta etapa de reestructuración de toda su cúpula dirigente, la cual querrá legitimarse ante sus correligionarios manchándose las manos de sangre. Frente a la sinrazón etarra no hay otra salida que la de no escatimar esfuerzos en detener y juzgar a sus responsables.