La suspensión cautelar de la modificación del Plan General de Palma dictada por un fallo del Tribunal Supremo, realizada por el Consell a instancia del Ajuntament, que posibilitó la recalificación de los terrenos de Son Espases para la construcción del hospital, abre numerosas incógnitas sobre el proceso administrativo que las principales instituciones "Govern y Cort", entonces gobernadas por el Partido Popular, utilizaron para poder iniciar las obras del nuevo equipamiento sanitario.
De la sentencia del Tribunal Supremo destaca el rechazo inicial "el proceso no ha concluido" a todas las consideraciones 'políticas' que justificaban la elección de Son Espases como terrenos idóneos para la construcción del hospital "censura la elección de un paraje clasificado como rústico", incluso cuestiona la urgencia de su construcción teniendo en cuenta que estaba en funcionamiento el de Son Dureta. Además, los magistrados del Supremo rechazan de plano las tesis del Tribunal Superior de Justicia de Balears en los recursos previos.
Es indudable que los colectivos que se han opuesto a la construcción del hospital de Son Espases han obtenido una importante victoria moral y jurídica con esta sentencia, aunque sus efectos reales todavía son una incógnita ya que las obras, por el momento, continúan al no haber ordenado el Alto Tribunal su paralización. Quien podría hacerlo, apoyándose en esta sentencia, es el Tribunal Superior de Balears si las partes se lo solicitan.
A la vista de la resolución adoptada por el Supremo parece claro que la tramitación administrativa no se realizó de un modo correcto. No se eligió el solar más adecuado, ni se tomaron la medidas oportunas para preservar los restos arqueológicos. Hubo, como tantas veces, excesivas prisas políticas.