El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido dar traslado a los correspondientes tribunales superiores de Madrid y Valencia de las correspondientes piezas de la instrucción del 'caso Gürtel' en la que aparecen como imputados aforados de ambas comunidades autónomas, entre ellos destaca el presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps. Además de dos alcaldes y altos cargos de la Comunidad de Madrid.
La decisión de Garzón ha reactivado los ataques del Partido Popular contra el magistrado. Los conservadores tratan de consolidar la tesis de que son víctimas de una persecución judicial, aunque no se rebaten los datos; de hecho los dos alcaldes imputados han optados por dimitir de sus cargos. La queja del PP es razonable cuando alude a las continuas filtraciones de las que se hacen eco los medios de comunicación durante la instrucción del sumario que realiza Garzón, pero ello no significa que quede desmentida la trama que presuntamente urdió Francisco Correa para hacerse con suculentos contratos en Madrid y Valencia a cambio de dádivas a responsables políticos en diferentes instituciones. Éste es el auténtico núcleo del asunto que deben aclarar los jueces, una tarea a la que el Partido Popular debería prestar la máxima colaboración. No lo debe entender así la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que para salvar o justificar a su compañero Camps no dudó en acusar a Garzón de también haber recibido regalos por un importe muy superior al de los trajes del presidente valenciano.
Aunque sea doloroso, no se puede dar cuartel a la corrupción. La actitud del PP, en este caso, se antoja desmedida.