La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, renovó ayer sus promesas de cumplimiento de los compromisos adquiridos con Balears por parte de la Administración central y que supondrá una inversión global de 736 millones de euros en materia de carreteras y transporte ferroviario, además de otros planes de ayudas estatales. Cabe destacar en este capítulo, a tenor de sus palabras, que los convenios pendientes se aplicarán de manera inminente, cerrando así un período de dilación en el que la recién sustituida ministra de Fomento, Magadalena Àlvarez, se había convertido en lamentable protagonista.
De la Vega considera que tras su visita se abre una nueva era en la que Balears va a sufrir una «modernización» de sus infraestructuras, una grandilocuencia sobre la que resulta imprescindible mostrar prudencia si se atiende a la realidad del trato que todos los gobiernos, con independencia de su color político, han dispensado a las Islas a la hora de equiparar los servicios públicos con el resto de España. En este sentido no puede pasar desapercibida la inconcreción de la vicepresidenta sobre la financiación autonómica "aunque ha reiterado que ésta mejorará de una manera sustancial" o proyectos emblemáticos del Govern, como es el caso del tranvía de Palma.
Con todo, la visita de Fernández de la Vega tiene un aspecto positivo innegable. Los contactos con los representantes de los principales sectores económicos de Balears, la construcción ayer y el turismo hoy, junto con el Govern, denota que la presencia de la vicepresidenta trasciende a la simple escenificación de unos acuerdos previos. Sentarse en estos momentos de crisis con las patronales, cámaras de comercio y sindicatos no es un ejercicio habitual de la clase política y permitirá, en todo caso, que la vicepresidenta pueda hacerse un retrato de la realidad y las aspiraciones de Balears.