La Audiencia Nacional ha acordado, mediante una providencia del juez Fernando Andreu, que la Armada española entregue a las autoridades de Kenia los catorce piratas somalíes que se encuentran a bordo del buque 'Marqués de la Ensenada'. Es el epílogo de un proceso en el que han participado la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el que ha acabado prevaleciendo el acuerdo internacional de la Unión Europea con Kenia, por el que este país africano se compromete a procesar a los piratas que son detenidos frente a las costas de Somalia, país inmerso desde hace décadas en un proceso de descomposición como consecuencia de una interminable guerra tribal cuyas facciones ven en el abordaje y secuestro de barcos que cruzan el mar Rojo con destino al océano Índico un modo de obtener pingües beneficios.
La decisión del juez Andreu ha sacado a colación el ámbito de la justicia universal, que España, desde la reforma del Código Penal realizada en 1985, ha ampliado a numerosos delitos, entre ellos el de la piratería. De este modo, nuestro país permite la intervención judicial en delitos cometidos fuera de nuestras fronteras "como es el de los piratas somalíes" sin ningún tipo de limitación. Conviene recordar que en el cruce de peticiones y decisiones en el ámbito de la Audiencia Nacional se planteó, incluso, la posibilidad de solicitar el envío de los delincuentes a España para su enjuiciamiento.
Al final, a tenor de la última decisión, todo indica que ha imperado el sentido común y los piratas serán entregados a Kenia para su procesamiento. El caso ha dejado en evidencia que sigue pendiente la aclaración competencial de los temas en los que puede intervenir la Audiencia Nacional.