La sentencia de la Audiencia Nacional ha confirmado lo que ya se sabía: la identificación aleatoria e injustificada de treinta militares fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42. El fallo atribuye la máxima responsabilidad de lo ocurrido al general Vicente Navarro, que falsificó el documento de asignación de identidades de los cadáveres para acelerar su repatriación, y al que condena a una pena de tres años de prisión y 10.000 euros de indemnización por cada uno de los errores. Las condenas se extienden también a los dos oficiales que colaboraron con el general durante las autopsias que se realizaron en Turquía.
El relato de los hechos corrobora la improvisación y falta de sensibilidad con la que se actuó por parte de las autoridades militares españolas, más interesadas en la repatriación urgente de las víctimas del accidente del Yak-42 "para que los ferétros estuvieran presentes en el funeral de Estado" que en entregar los cuerpos debidamente identificados a sus familiares. Provoca indignación un comportamiento tan irresponsable, más tratándose de una decisión en la que participaron altos mandos del Ejército español.
Los familiares, con razón, plantean que sólo se ha aclarado una parte de lo ocurrido y que todavía está pendiente de resolver la vertiente política de este escándalo, del que quien fue ministro responsable, el conservador Federico Trillo, huye eludiendo pedir disculpas a los afectados. El Partido Popular no dudó en ofrecerle su continuidad como diputado en el Congreso, y ahí sigue. Después de la terrible tragedia que tuvieron que vivir, las familias de los fallecidos han tenido que pasar por este desagradable trago, en el que sigue abierta aún la herida de las responsabilidades políticas.