El anunciado 'giro a la izquierda' del Gobierno en materia fiscal quedó abortado a las pocas horas. El pretendido acuerdo con Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya-Els Verds por el que debía modificarse al alza la fiscalidad de las rentas más altas y reducirse algunas medidas indiscriminadas de ayuda social "el reparto de los 400 euros o los 2.500 por bebé" fue rechazado por el PSOE para, de inmediato, iniciar una serie de contactos con Convergència i Unió para garantizarse apoyos de cara a la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. En este contexto, el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, no ha desaprovechado la ocasión para criticar al presidente Zapatero.
Los esfuerzos del Gobierno y su grupo parlamentario para romper su actual aislamiento en el Congreso son los que están provocando la indefinición sobre la nueva fiscalidad que se quiere imponer a partir de 2010, unos cambios que el propio presidente anuncia que se pondrán en práctica pero no desvela en qué línea, condicionado sin duda por el acuerdo con los nacionalistas catalanes y el resto de fuerzas que deben garantizarle la aprobación de los presupuestos.
En la actual coyuntura económica no cabe duda de que se deben priorizar los recursos públicos con destino a los fines sociales, una premisa irrenunciable para el Gobierno pero que obliga a modificar determinadas medidas. Resulta imprescindible introducir elementos de progresividad en determinadas subvenciones para ayudas a los que tienen rentas más bajas; las ayudas lineales no tienen justificación en los tiempos que corren. De todos modos, los márgenes de maniobra de que dispone el Gobierno son escasos: los cambios en profundidad podrían acabar en un ataque a las clases medias y eso sería un tremendo error.