El Consejo de Estado acaba de avalar la constitucionalidad de la reforma de la ley del aborto que promueve el Gobierno, aunque pone el acento en el aspecto más polémico del texto, incidiendo en que los padres de las menores de edad (de 16 a 18 años) tienen también derecho a ser informados de la decisión de sus hijas de interrumpir el embarazo. El punto más polémico es la libertad que otorga a menores de edad "aunque mayores de 16 años" para abortar sin informar a sus padres. Una decisión controvertida que intenta proteger a las menores de una posible reacción airada de sus padres, pero que las deja desamparadas ante una decisión tan importante. Algo que entra en contradicción con el hecho de que las menores no puedan ejercer el derecho al voto ni tampoco dar publicidad a sus opiniones políticas a través de los medios de difusión.
En asuntos tan delicados como éste lo idóneo sería analizar caso por caso, pero ante la imposibilidad de hacerlo, el Gobierno ha optado por proteger a las menores que temen represalias paternas, confiando en que la mayoría de las afectadas sí contará con la familia a la hora de tomar la decisión. De ahí que el Consejo de Estado proponga algunas ideas para defender tanto el derecho al aborto como el derecho de los padres a ser informados. Veremos si, como sería deseable, el Gobierno atiende a las recomendaciones.
En el fondo del problema está el incensante aumento del número de abortos en España, algunos ilegales, la mayoría en clínicas privadas..., lo que exige un esfuerzo extraordinario para mejorar la educación sexual de los jóvenes, algo que también subraya el organismo que ha analizado la propuesta.
Con el aval del Consejo de Estado, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, llevará el texto al Consejo de Ministros la próxima semana, ante las movilizaciones de protesta de quienes están en contra de aplicar una ley de plazos, mayoritaria en Europa.