Aunque es cierto que el aumento de los impuestos anunciado por el Gobierno puede ser una medida necesaria para hacer frente al déficit y al coste de las prestaciones sociales, en especial las del desempleo, cabría cuestionarla por la efectividad de los incrementos propuestos y, también, por la oportunidad del momento en el que se producen.
Aumentar en dos puntos el Impuesto del Valor Añadido (IVA) y en uno la tarifa reducida es algo que afecta a todos y no sólo a los que más tienen, con lo que aquellos que pasan dificultades tendrán todavía que afrontar mayores penurias. Y si bien es cierto que la subida se producirá en el mes de julio, con la confianza puesta en que para entonces ya hayamos comenzado la recuperación, todas las previsiones hechas por el Ejecutivo hasta ahora han sido erróneas y, además, los organismos internacionales no vaticinan que España vaya a salir de la crisis hasta un año después por lo menos. En cualquier caso, con una economía fuertemente enfriada, el incremento de IVA puede tener un efecto pernicioso sobre el consumo, que podría retraerse aún más.
Por otro lado, el Gobierno ha previsto aumentar el tipo impositivo de las cuentas de ahorro, lo que perjudica seriamente a las clases medias y a los pequeños ahorradores, algo que, en las circunstancias actuales puede tener un efecto demoledor, puesto que en éstas está el sustrato de quienes han creado empleo a través de pequeñas y medianas empresas. Amén de la supresión de la desgravación de unos 400 euros, desgravación que se ha mostrado inútil para reactivar la economía y, además, absolutamente electoralista.
Añadamos a ello que uno de los principales problemas es el control del gasto público corriente de las administraciones, algo que apenas se aprecia en las cuentas del Estado para el próximo año y que sería imprescindible. Exigir a los ciudadanos esfuerzos y no aplicarse en un mayor ajuste del dinero de todos, sin que se renuncie a las necesarias políticas sociales, resulta, en esta tesitura, hasta bastante inadecuado.