Fueran doscientas cincuenta mil "como decía la Policía Local" o fueran dos millones de personas "como declaraban los organizadores", lo cierto es que la multitudinaria manifestación del sábado en Madrid contra la reforma de la ley del aborto dejó claro que hay un sector de la sociedad, y muy numeroso, que está preocupado por esta cuestión. Y no parece tanto que se trate de derogar la ley, puesto que quienes gobernaron durante ocho años representando a esos sectores de la sociedad "Aznar y Mayor Oreja, por ejemplo, estuvieron en la manifestación" nada hicieron por cambiar el estado de cosas. Así que parece claro que lo que causa preocupación y repulsa son los dos aspectos más polémicos de la reforma: la ampliación del plazo hasta las 14 semanas y que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin el permiso paterno.
Hay en el fondo mucho resquemor en un asunto delicado como el derecho al aborto. Hay que proteger a la mujer, pero tampoco puede tratarse al embrión con frivolidad. Quizá desde el Gobierno debería abrirse un debate más profundo y más largo para tratar de alcanzar una posición que no despierte tantas críticas.
Lo que no se puede, a estas alturas del siglo XXI, como pretendían algunas de las entidades convocantes, es hacer creer a la población que la ley del aborto «privará a la mujer de su derecho a la maternidad», como si toda mujer embarazada estuviera obligada por ley a abortar. Sabemos todos, y así debe ser, que el aborto es simplemente el último recurso desesperado en casos en los que la mujer no desea tener ese hijo. Claro que el Estado debería garantizar también alternativas para quienes, no queriendo criar al niño, sí deseen continuar con el embarazo hasta dar a luz.