En el debate de política general celebrado el pasado viernes en el Consell Insular, el presidente Vicente Serra dijo textualmente que el equipo de gobierno ha sido el que ha impulsado la coordinación entre instituciones para aclarar la situación de los party boats, un fenómeno que se viene realizando desde hace más de 20 años. Pues bien, permítame el Presidente que haga una matización ya que no es exactamente así. Cierto es que desde hace muchos años se vienen realizando excursiones marítimas normales y otras denominadas Piraten Tour, en las que el personal se pasaba y no poco, pero lo de las discotecas flotantes es muchísimo más reciente. Ahora el ruido que produce la música es atronador, infernal y contaminante. Ni más, ni menos.
Justo una semana antes, el 13 de junio, nos enteramos que la Delegación del Gobierno en Baleares y la Conselleria de Turisme del Govern habían decidido realizar una campaña conjunta encaminada a garantizar de manera coordinada la seguridad, el control y la regulación de las embarcaciones turísticas, dentro de las que se incluyen las party boats. Y otra cosa: según la Delegación del Gobierno "ha quedado claro que existe un marco legislativo para sancionar las infracciones". La autoridad estatal lo tiene tan claro, que para evitar el desmadre y la contaminación acústica que organizan las discotecas flotantes en nuestro mar litoral realizará actuaciones concretas y que correrán a cargo de Capitanía Marítima, la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo. Cabe suponer, pues, que se harán respetar los aforos permitidos, contratos, el Régimen de la Seguridad Social, la Prevención de Riesgos Laborales y que haya a bordo los chalecos salvavidas que marca la ley.
La cuestión es que en mis columnas publicadas en Ultima Hora Ibiza los días 31 de mayo y el 7 de junio pasados, rescaté la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de les Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears, número 45, de 24 de marzo de 2007. La cosa está muy clara: no hay vacío legal, como argumentaba la clase política insular, ya que el Artículo 2, Apartado ‘e' dice que los ruidos que generen embarcaciones de cualquier clase o actividades desarrolladas en aguas limítrofes de la costa, cuyo control se reserva a la autoridad estatal competente. En pocas palabras: si se pasan de los decibelios permitidos en la Ley del Ruido, el Estado puede precintar las instalaciones musicales y/o retirar los altavoces instalados en los party boats.
Así las cosas, entiendo que mis columnas de opinión han servido para que el Consell Insular haya verificado que la investigación que he llevado a cabo era correcta, que la nueva información llegó también a la Dirección Insular de la Administración del Estado en Eivissa y después a Palma, en donde la Delegada del Gobierno, Tersa Palmer, ha puesto en marcha la maquinaria que ha de terminar con las discotecas flotantes.
Por otra parte, además de solucionar los problemas que tenemos en la mar, debería quedar claro que se han de regular las actuaciones en materia de ruido y vibraciones en el ámbito territorial de la Illes Balears. Es decir, los ayuntamientos deben tener unas ordenanzas que hagan posible la convivencia entre el ocio y el descanso. Y si no son capaces de garantizar la tranquilidad en Platja den Bossa o Sant Antoni, que intervenga el Consell Insular para poner orden.