La progresiva privatización de los servicios públicos del Estado ofrece situaciones tan disparatadas y perversas como que AENA –desde 2014 solo dependiente en un 50% del Ministerio de Fomento– invierta casi 300.000 euros en habilitar una sala VIP en la terminal de Eivissa. Dice la empresa que gestiona los aeropuertos de España que con este espacio exclusivo se da respuesta a la creciente demanda de una serie de clientes que, imagino, no quieren compartir con la plebe su tiempo de espera antes de embarcar, con prioridad, en sus butacas de primera clase o en sus jets privados. AENA no ha reparado en gastos y ha dotado la sofisticada estancia privada con todo tipo de servicios y comodidades para su acaudalado huésped, al módico precio de 27 euros la estancia.
Al tiempo que segregan espacios otrora públicos para una elite de dudosa honorabilidad, cientos de terrícolas se quedan tirados en esta u otras terminales; pierden enlaces, citas sanitarias, laborales o burocráticas, o parte de sus vacaciones por la desastrosa gestión de compañías como Vueling. En lugar de velar porque estas empresas cumplan con la legalidad o con los derechos del cliente, AENA prefiere dedicar sus esfuerzos y el dinero de todos en contentar con pistas de aterrizaje y salas VIP a unos pocos privilegiados. Volvamos al feudalismo.
¿Cuántos agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil podrían haberse destinado a Eivissa este verano con 281.500 euros? ¿Cuántos médicos y enfermeros podrían reforzar la plantilla de Can Misses para desbloquear servicios como el de Urgencias con este dinero?
Aparte de los políticos, la culpa también es de los ciudadanos, que ahora se quejan, pero cuando AENA era un ente público decían que se tenía que privatizar, pues bien ya está privatizada y como los trabajadores de Aena decíamos, ahora solo imperan las ganancias a costa de rebajar la calidad del servicio. Que la gente se entere de lo que pasa cuando no hay funcionarios.