Ha llegado un otoño lluvioso, muy bien recibido en nuestras islas. Ha finalizado la temporada estival y han cerrado hasta el año próximo toda una serie de locales relacionados con el ocio nocturno y el diurno, como las discotecas, locales y bares de copas, y numerosos beach clubs.
El caso es que los citados establecimientos están obligados a cumplir unas normas (ordenanzas municipales), delimitación de decibelios y de aislamiento acústico. La mayoría de locales están muy mal insonorizados o funcionan al aire libre y la contaminación musical ruidosa supera el límite de decibelios permitidos. Así que los afectados pueden denunciar al Ayuntamiento y exigir que se haga cumplir la normativa de ruidos molesta. Por otra parte, cabe recordar siempre que la normativa española es clara respecto a producir ruidos, hasta el punto que la música a excesivo volumen está contemplada en el Código Penal como delito castigado con cárcel y multas e indemnizaciones por daños en la salud ocasionados por los ruidos. La prueba de lo dicho es que un empresario de nuestra isla fue condenado a dos años de cárcel y al pago de 31.000 euros por el exceso de ruidos a lo largo de varios años. Sin duda, todo lo indica, se produjo una dejación del Ayuntamiento en sus obligaciones, pero la Justicia, gracias a las denuncias de unos vecinos, puso las cosas en su sitio.
El problema de la contaminación acústica que tenemos, sobre todo en los municipios de Sant Antoni y de Sant Josep, no se soluciona con denunciar los hechos a la Policía Local, sino que hay que denunciar el ruido en el Juzgado, pero se necesitan sonometrías y contratar a un abogado y el vecindario afectado no está por dichas labores y, en la gran mayoría de los casos, no puede costear los gastos. La solución en nuestra isla, claro, sería que hubiera abogados contra el ruido y especialistas en contaminación acústica, como hay en otras comunidades autónomas. Mientras tanto, habrá miles de residentes y de visitantes que se verán impotentes para luchar contra el ruido musical ya que la Policía Local depende de un equipo de gobierno, que casi siempre hace dejación de sus obligaciones. A la vista está, y si no preguntes a los vecinos y residentes en zonas alejadas de playa d´en Bossa, como son Sant Jordi, sa Carroca o el Puig des Molins.
Así las cosas, como no intervengan el Consell Insular y la Delegación del Gobierno en Baleares para que se retiren los altavoces instalados en el exterior de los locales de ocio y se obligue a instalar limitadores acústicos, nunca, jamás de los jamases, cesará la contaminación acústica y el año que viene será más de lo mismo. Vivir para ver.