El fenómeno de la globalización no es nuevo, pero ha adquirido proporciones inéditas en las dos últimas décadas; de hecho, muchos de los rasgos de la ola globalizadora actual son muy similares a los que prevalecían antes del estallido de la primera guerra mundial, con la diferencia de que las nuevas tecnologías de la información han impulsado hacia niveles inéditos el crecimiento de los intercambios comerciales, las inversiones y las migraciones: el volumen del comercio mundial se ha multiplicado por veinte desde 1950.
Los proyectos de tratado entre la Unión Europea y los EE.UU. (Transatlantic Trade and Investment Partnership o TTIP) y Canadá (Comprehensive Economic and Trade Agreement o CETA) son dos intentos de racionalizar las relaciones económicas y comerciales en la era de la globalización. El segundo podría concluirse a finales de este mes, pero el Parlamento -de mayoría socialista- de Valonia votó el pasado viernes en contra de que el Gobierno federal de este país diera su conformidad al tratado y el Ejecutivo belga tiene constitucionalmente las manos atadas hasta que Valonia dé su visto bueno. Así (no) funciona la Unión Europea: más de trescientos millones pendientes de tres.
Miles de personas (que ni se han molestado en leer el texto de los tratados y que si lo hicieran seguramente no entenderían ni palabra) se han vuelto a manifestar estos días en varios países europeos, incluida España, en contra tanto del CETA como del TTIP. Lo de España es para nota: nada menos que 1300 organizaciones (!) convocaron una manifestación que reunió a … unas 15.000 personas.
El CETA es el mayor acuerdo económico bilateral que ha negociado hasta ahora la UE. Según explica la propia Comisión Europea, el CETA «eliminará los derechos de aduanas y las restricciones del acceso a los contratos públicos, abrirá el mercado de servicios, ofrecerá condiciones previsibles a los inversores y contribuirá a evitar la reproducción ilegal de las innovaciones y los productos tradicionales de la UE. El acuerdo supondrá para los exportadores europeos «un ahorro de cerca de 500 millones de euros al año». Además, permitirá a las empresas de la UE presentarse a licitaciones en Canadá, y acceder a los mercados de servicios e inversión de este país; facilitará los desplazamientos de ejecutivos entre la UE y Canadá; permitirá a los arquitectos, ingenieros y contables europeos prestar servicios en Canadá; contribuirá a «acabar con las reproducciones ilegales de las innovaciones, obras de arte, marcas comerciales y alimentos tradicionales europeos en Canadá e incrementará la cooperación entre los organismos de normalización canadienses y europeos».
La Comisión prevé que el comercio de bienes y servicios entre Canadá y la UE se incrementará en casi un 25% y que el PIB de la UE aumentará unos 12.000 millones de euros al año. Sostiene además que el CETA creará empleo y asegura que «respetará plenamente las normas europeas en ámbitos como la seguridad alimentaria y los derechos del trabajador». El acuerdo también incluye, añade, «todas las garantías necesarias para que el beneficio económico no vaya en detrimento de la democracia, el medio ambiente o la salud y seguridad de los consumidores». Con respecto a la agricultura, la Comisión indica que «la apertura de los mercados permite mantener precios bajos y aumentar la oferta a los consumidores» y que «la UE, gran productora de alimentos de calidad, se beneficiará de la posibilidad de vender más en un mercado de renta elevada». Además, las pequeñas empresas tendrán más fácil vender sus productos en el mercado canadiense por el reconocimiento mutuo de ciertos niveles de calidad y hasta 147 denominaciones de origen. Por último «los productos canadienses solo podrán importarse y venderse en la UE si cumplen plenamente la normativa europea».
El principal problema se encuentra en el denominado Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), un mecanismo que establece tribunales de arbitraje especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los Estados y dirimir los conflictos sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país. A mí me parece el mejor sistema de blindar a los inversores ante las veleidades populistas o de otro tipo de quienes ostenten los gobiernos estatales, autonómicos o municipales de turno, pero sus detractores denuncian que «las grandes empresas podrán reclamar millones de euros en concepto de compensaciones cuando las leyes limiten su capacidad de ganar dinero» o frenar reformas encaminadas a la protección del medio ambiente o a garantizar los estándares laborales.
Uno de los países más escépticos, Austria anunció el pasado miércoles que firmará el tratado, tras añadírsele, la semana pasada, una «declaración interpretativa» y después de que el Tribunal Constitucional de Alemania emitiese un dictamen favorable a la celebración del tratado.
Si se logra superar el veto valón, la Comisión Europea podría firmar el tratado en la próxima cumbre entre la UE y Canadá a celebrar el 27 de octubre. Una vez firmado, tendrá que ser ratificado por la Eurocámara y por los parlamentos nacionales, un proceso que podría alargarse años (!). No obstante, el CETA podría empezar a aplicarse de forma provisional a partir de principios de 2017. Ojalá sea así.