El hecho de que el Govern Balear sólo ha recuperado un 1,1 millones de euros de los 6,5 birlados a las arcas públicas perteneciente a condenas firmes de los tiempos de Jaume Matas en el poder por escándalos de corrupción demuestra que el hecho fundamental, centrado en meterse en el bolsillo o destinar a fines espurios dinero público no se traduce en la práctica en la recuperación del dinero ilegítimamente obtenido. Solamente un 16% por ciento ha vuelto a la caja común de la autonomía balear mientras la sociedad ha quedado cubierta durante años de oprobio y vergüenza. El daño al interés general no ha podido ser reparado del todo.
La lección. En todo caso, la decidida acción de fiscales y jueces ha constituido toda una lección. Habrá un antes y un después de casos tan famosos como el Scala, que a la postre condujo a la cárcel a Josep Juan Cardona, exconseller de Indústria i Comerç y expresidente del PP de Eivissa. O como el de la subvención otorgada por Matas a la Agencia Balear de Noticias, cuya sentencia conllevó el ingreso en prisión del mismísimo Matas. Aquella época no será olvidada jamás por las actuales generaciones y, sin duda, supone hoy un dique para que ya no exista la sensación de impunidad de aquellos años. Ahora todos saben que el que la hace, la paga.
Devolución del dinero. En todo caso, los procesos penales van mucho más dirigidos a castigar con privación de libertad a los que delinquen que a recuperar hasta el último céntimo. A menudo es imposible que todo el dinero vuelva. Pero de cara al futuro los desaprensivos deberían saber que lo primero que se les exigirá es que devuelvan lo sustraído, aunque se trate de las consabidas y nebulosas financiaciones ilegales de partidos políticos. Y en casos como el de Nóos, y cuando el Tribunal Supremo se haya pronunciado, lo que debe quedar muy claro es que hasta el último céntimo arañado por Urdangarin y Torres debe regresar a las arcas autonómicas.