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OPINIÓN | Antonio Casado

La legalidad inventada

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Miro hacia la Venezuela de Maduro. Miro hacia la Cataluña de Puigdemont. Y se me viene encima una perturbadora sensación de rasgos comunes. El más evidente es la invención de la legalidad. Uno y otro aparecen enredados en la delirante aventura de fabricar leyes a la medida de sus respectivas ambiciones. En el caso de Nicolás Maduro, perpetuarse en el poder. En el de Carles Puigdemont, una Cataluña independiente como unidad de destino en lo universal. En ambos casos, sin apoyo de la comunidad internacional y contra la mitad de sus ciudadanías.

Es lo que hay detrás de la asamblea «constituyente» del chavismo, alumbrada en una farsa electoral cuyo fin último es la creación de una nueva fuente de poder, pues la surgida de las elecciones democráticas de 2015, mayoritariamente opuesta al oficialismo, no le permitía a Maduro hacer de su capa un sayo.

¿Y qué es lo que hay detrás de la reciente reforma del reglamento del Parlament? Pues un atajo para legislar por la vía rápida sobre la desconexión de España. Se trata de improvisar una legalidad al margen de la vigente en el Estado español (las llamadas leyes de desconexión) cuyo fin último es fabricar una fuente de poder diferente a la diseñada en el articulo 2 de la Constitución (soberanía nacional única e indivisible).

No se me escapan las dificultades conceptuales y políticas de establecer un paralelismo entre la situación de Venezuela y la de Cataluña. Pero hay elementos comunes. Empezando por la fraudulenta, ilegal y antidemocrática convocatoria electoral del régimen chavista, que se celebró de aquella manera el domingo pasado. Tan fraudulenta, antidemocrática e ilegal como la que pretende llevar a cabo el uno de octubre el independentismo reinante de la Generalitat.

Si hasta la patronal catalana (Fomento del Trabajo) califica de «golpe de Estado jurídico» esa ley de referéndum registrada este lunes por los costaleros de Puigdemont (JpS, ERC y CUP), creo que queda sobradamente justificada la analogía con las trampas de Maduro para perpetuarse en el poder.

Claro que hay diferencias. La principal es que Maduro dispone aún del poder coercitivo del Estado, incluido el muy estudiado «monopolio de la violencia». Hablo del Ejército y las Fuerzas Policiales. No es el caso de Puigdemont. Mejor así, aunque en este punto los ciudadanos son libres de imaginar lo que podría ser el reto secesionista si contara con esos elementos de persuasión.

Y esa diferencia es la que también está llamada a marcar el desenlace de ambas aventuras, cuando la cruda realidad les salga al paso. Lo de Venezuela puede acabar en una guerra civil. Lo de Cataluña, antes o después, se termina.

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