Con urnas de plástico opacas, sin censo, sin papeletas, con los colegios presuntamente precintados, sin validez jurídica, sin garantías, si hoy se celebra el referéndum, o un sucedáneo... Pues resultará que Mariano Rajoy y todos los miembros de su Gobierno, que con tanta contundencia se comprometieron a que la consulta no tendría lugar, van a quedar desautorizados. La autoridad del Estado quebrada y todas sus instituciones a las que el Ejecutivo comprometió en su labor, desacreditadas.
¿Quién va a atender las sentencias de un Tribunal Constitucional, máximo garante del estado de Derecho, que ha sido burlado por la Generalitat? ¿Qué papel le queda al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyas sentencias han sido ignoradas una tras otra? Ese es el riesgo de utilizar la Justicia para resolver problemas políticos.
Las reticencias de Rajoy en aplicar el artículo 155 de la Constitución, decisión que dependía exclusivamente de Moncloa, por el riesgo de fraccionar aún más a la sociedad catalana y de inclinar la balanza social a favor del independentismo, no ha dado resultado. Si la proliferación de «esteladas» sirve como fotografía de la situación en la calle y si la desobediencia de alcaldes, maestros, funcionarios, estudiantes, retrata el ambiente, algo se ha hecho muy mal.
Resulta difícil de comprender que meses de reuniones semanales de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con diferentes ministros, subsecretarios, y cuerpos de seguridad no hayan servido para otear siquiera que esto que está sucediendo en las calles de Cataluña era una posibilidad. Que el gravísimo problema estaba no solo en la anunciada desobediencia de la Generalitat y el Parlament si no en la sociedad y en las empresas que han confeccionado, a sabiendas de que el referéndum estaba prohibido, urnas, papeletas, carteles y páginas web.
¿Cómo no se había previsto que los Mossos iban a flaquear ante las primeras imprecaciones o las acusaciones de traidores? Que el cambio de carteras de la Generalitat en el mes de julio, apartando a los «tibios» y colocando en la Consejería de Interior a Forn y al frente de la policía autonómica a Trapero tenía un claro mensaje implícito: vamos a por todas.
¿De verdad el Centro Nacional de Inteligencia, que depende de la vicepresidenta, no les ha remitido informes con las adhesiones y los instrumentos con los que contaban Junts pel Si y la CUP para llevar a cabo el referéndum?
Porque, lo peor no es que se acabe votando en los parques, lo peor es que se produzcan graves incidentes de orden público. Que los provocadores, de ambos signos, que están llegando a Barcelona, conviertan la ciudad en campo de batalla donde paguen los que menos culpa tienen: aquellos a los que se prometió que el referéndum se llevaría a cabo si o si y a los que Madrid no ofreció alternativas.